Encubrimiento en la SSPT; protegen a mando ligado al crimen organizado en Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 29 de mayo de 2025.—La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras revelarse la red de protección que opera al interior de la corporación y que tiene como pieza central a Luis Ángel Peñaflor Camey, coordinador de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo. A pesar de que existen pruebas de que ha recibido dinero del crimen organizado, Peñaflor continúa en funciones, gracias a la protección directa del titular de la SSPT, el general retirado Sergio Hernando Chávez García, y la omisión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha guardado silencio ante las denuncias internas.
Fuentes dentro de la propia Guardia Estatal confirmaron que Peñaflor no solo ha recibido sobornos, sino que reparte una parte del dinero a sus superiores. “Todos sabemos que Peñaflor recolecta cuotas en Reynosa y Victoria, y le entrega parte al secretario. Esa es la única razón por la que sigue intocable”, afirmó un mando medio con más de diez años en la corporación. Conversaciones de WhatsApp filtradas por agentes inconformes revelan cómo se organizan estos pagos, amparados en la estructura jerárquica de la dependencia.
El 19 de mayo de 2025, luego de sufrir un atentado en Ciudad Victoria, Peñaflor confesó haber recibido dinero de grupos criminales, pero nunca presentó un informe oficial, como lo establece el Reglamento Interior de la SSPT en sus artículos 9, 14 y 19. Dos depósitos detectados en su cuenta Nomina Banorte (0870633025) y CLABE interbancaria (072 81000870633025 2), uno por 30 mil pesos y otro por 100 mil, fueron retirados sin reportar el origen de los fondos, lo que configura el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. “No hay forma en que la delincuencia organizada pudiera depositarle el dinero a Peñaflor Camey, sin que él no les haya proporcionado número de cuenta y CLABE”, enfatizó un oficial.
Pese a que el reglamento obliga a la SSPT a denunciar estos hechos ante las autoridades competentes, no existe constancia de ninguna carpeta de investigación abierta en torno al dinero proveniente de la delincuencia organizada. Esta inacción institucional deja al descubierto la complicidad al más alto nivel, debilitando gravemente la credibilidad de la corporación. “Aquí todo se tapa. Si tú denuncias, te castigan o te cambian de zona. Por eso nadie habla abiertamente”, aseguró un agente actualmente asignado a la zona centro del estado.
Más grave aún es la omisión del propio secretario Sergio Hernando Chávez García, quien, conforme al artículo 6 del Reglamento, está obligado a informar al gobernador sobre cualquier delito conocido en su área de responsabilidad. Sin embargo, no hay evidencia de que se haya informado al mandatario estatal, lo que pone en entredicho la voluntad del gobierno de Américo Villarreal Anaya de sanear el aparato de seguridad. “El gobernador lo sabe todo. Y no ha hecho nada. En eso también tiene responsabilidad”, remató un comandante de la Guardia Estatal.
Este caso expone una descomposición institucional severa en Tamaulipas, donde el crimen organizado no solo infiltra las filas de seguridad, sino que se sostiene mediante una red de protección oficial. La ciudadanía exige justicia y una depuración profunda de la SSPT. Si no se actúa con contundencia, la seguridad pública en el estado seguirá siendo rehén de la corrupción, y los mandos ligados al crimen continuarán operando bajo el manto de la impunidad.
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